El Soberano tiene la palabra

El Referéndum contra el acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina es jurídicamente viable

dependencia

Todos los partidos de oposición se pronunciaron en contra de la aprobación del Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria con la República Argentina y, en consecuencia, no votaron la ley N°19.032, de 27 de diciembre de 2012, que lo aprueba.

El acuerdo aprobado fue suscrito, el 23 de abril de 2012, por representantes de los gobiernos de José Mujica y Cristina Fernández de Kirchner, en la ciudad Colonia.

Estos datos importan y, tal vez, pasen a la historia: quién era el Presidente uruguayo cuando se suscribió el acuerdo y, en definitiva, aprobó; la fecha de la suscripción, porque desde la misma el acuerdo firmado comenzó a repercutir en las inversiones argentinas en Uruguay, y, el lugar, la bella ciudad de Colonia, porque ella habrá sufrido los efectos de ese acuerdo que prácticamente paralizó el flujo de inversiones argentinas que se registraba en forma creciente en el departamento y, fundamentalmente. en su capital.

El pueblo argentino, a diferencia de sus gobiernos, siempre ha demostrado su cariño hacia el Uruguay y su gente y su preferencia por un país que le resulta  similar al suyo pero, a la vez, diferente; algo así como estar “en su casa” ideal. El Uruguay siempre le brindó a los argentinos el lugar propicio para el descanso, el trato amistoso de su gente, la seguridad en momentos de incertidumbres en su tierra, y esa tranquilidad, paz y aire fresco, frente al ritmo agobiante de un país rico y  una gran urbe como Buenos Aires.

A su vez, la escasa distancia entre nuestro país y Argentina, y los medios de comunicación y adelantos tecnológicos, han hecho propicia la inversión argentina en Uruguay desde hace muchísimas décadas con fines turísticos  y, en forma más reciente, para la radicación de familias argentinas en Uruguay, ya sea por el retiro de la actividad o por razones de seguridad.

Sin duda, la certeza de la aprobación definitiva del acuerdo por parte de Uruguay, en base a la mayoría absoluta que el Frente Amplio tiene en ambas cámaras del Poder legislativo uruguayo, determinó que desde la suscripción del acuerdo se comenzaran a plantear las dudas y temores de los argentinos proclives a invertir en nuestro país, que se vieron plasmadas en la retracción de nuevas inversiones. Mientras tanto nuestros vecinos del Plata, se dirigieron a mercados más seguros y terminaron de liquidar el stock de inmuebles en la Florida, principalmente en Miami,  donde sus inversiones son libres –sin persecución de la AFIP- y, por añadidura, seguras.

Hace una semana comienzó a regir el acuerdo . Tan pronto la lamentablemente famosa AFIP argentina comience a pedir información sobre las inversiones realizadas por argentinos en nuestro territorio, la noticia correrá como reguero de pólvora en Uruguay y en Argentina, fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires y terminará por torcer la voluntad y el deseo de los pocos argentinos que, todavía hoy, se animan a invertir en Uruguay.

Muchas han sido las razones que desde la oposición y sectores de la economía de nuestro país se dieron para intentar rechazar la aprobación del acuerdo. Yo solo voy a destacar una que tiene relación con la inoportunidad del acuerdo: en el peor momento de las relaciones entre Uruguay y el Gobierno argentino, desde la época de los gobiernos del General Perón de fines de la década del 40 y de comienzos de la del 50, en la que las medidas del gobierno argentino, además de estar dirigidas contra sus habitantes, apuntan al Uruguay, como parte de una verdadera guerra económica en la que Goliat la emprende contra David. En ese contexto, el gobierno uruguayo en lugar de defender sus intereses, se muestra complaciente no con el pueblo argentino, sino  con la Presidenta argentina y, un día sí y otro también, pone paños tibios y calla para no enojar a la Señora.

¿Qué pasa con los partidos de oposición que no han hablado más del tema? Me da la impresión que lo dan como un hecho irreversible y han depuesto las armas. Y ¿por qué? Muy probablemente porque piensan que la ley que aprobó el acuerdo no es recurrible con el recurso del referéndum contra las leyes.

Aquí hay una diferencia notoria entre el régimen jurídico de Argentina y el de Uruguay. En efecto, desde la reforma constitucional de 1966, en nuestro país se prevé –a diferencia de la República Argentina- el recurso de referéndum contra las leyes. El referéndum, en materia nacional, tiene un contenido y efectos muy precisos, más allá  de llamarse también así el acto en el cual el soberano, el cuerpo electoral, se pronuncia por voto secreto sobre la derogación o no de la ley. En efecto la Constitución de la Republica en el inciso segundo de su artículo 79 prevé el referéndum como un “recurso”, esto es como un medio de impugnación de las leyes sancionadas por el Poder Legislativo y promulgadas por el Poder Ejecutivo, expresa o tácitamente.

Este instituto así concebido –reitero inexistente en Argentina- si prospera tiene el efecto nada más y nada menos que de derogar la ley, en este caso la ley que aprobó el acuerdo de intercambio de información tributaria con Argentina.

Existe una cierta opinión, aparentemente extendida, respecto a que las leyes que aprueban tratados internacionales no son impugnables con el recurso de referéndum. Yo considero que esa opinión está equivocada y que, como muchas veces, la solución a la interrogante está al alcance de la vista y, sin embargo, no se advierte, como si estuviera oculta o fuera esquiva.

Confieso que esa opinión, basada en el hecho de que el art.79 de la Constitución establece  que  el instituto del referéndum no es aplicable con respecto a las leyes en que la iniciativa sea privativa del Poder Ejecutivo, me llevó, durante un buen tiempo, a duda. Aunque siempre me resistí a la idea de que, por ejemplo, la ley de aprobación de un tratado internacional por el cual Uruguay pasara a ser un Estado Libre y Asociado de otro Estado y por tanto se aplicara en nuestro país la legislación de ese otro Estado, no pudiera ser recurrida por el soberano.

Me podrían decir que en ese caso hipotético, que puse como ejemplo, el tratado y la ley que lo aprobara serían inconstitucionales porque el artículo 2° de la Constitución declara que la República Oriental del Uruguay “es y será para siempre libre e independiente de todo poder extranjero”. Sin embargo, al no existir ningún medio jurídico por el cual se declare con carácter general la inconstitucionalidad de una ley, se llegaría al absurdo de que solo para aquellos que hubieran obtenido la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia el Uruguay sería independiente, mientras que para el resto (el 99,99%) de la población, nuestro país habría dejado de ser independiente.

Esta inconsistencia la tuve mucho tiempo rondando en mi cabeza. Sin embargo, si se realiza un estudio de las disposiciones constitucionales se advierte que no en todos los casos en que se prevé la iniciativa del Poder Ejecutivo, surge claro que esa iniciativa sea “privativa”. El principio general (art.133 de la Constitución) es que “todo proyecto de ley puede tener su origen en cualquiera de las dos Cámaras, a consecuencia de proposiciones hechas por cualquiera de sus miembros o por el Poder Ejecutivo por medio de sus Ministros”, salvo que la propia Constitución disponga otra cosa. Es decir que el que la iniciativa corresponda exclusivamente al Poder Ejecutivo pasa a ser la excepción y, a su vez, las leyes pueden ser de iniciativa del Poder Ejecutivo por la forma (como en el caso de las leyes de urgencia) o por la materia.

Esto nos plantea una interpretación del texto constitucional para saber cuáles leyes deben considerarse de “iniciativa privativa” del Poder Ejecutivo para excluirlas del elenco de leyes que, en principio abarcaría a todas, serían impugnables con el recurso de referéndum.

El numeral 20 del artículo 85 de la Constitución de la República dispone que a la Asamblea General (Poder Legislativo) le compete “interpretar la Constitución”.

La ley N°16.017, de 20 de enero de 1989, reglamentó los aspectos procedimentales del recurso de referéndum, pero esa ley a nuestro juicio tiene además otro carácter: es interpretativa de la Constitución.

En ese sentido, el art.22  de la ley N°16.017 dispone que “No son impugnables mediante el recurso de referéndum”…”B) Las leyes cuya iniciativa, por razón de materia, es exclusiva del Poder Ejecutivo (artículos 86 in fine, 133 y 214 de la Constitución)

Y estos tres artículos de la Constitución se refieren alas leyes de creación de empleos, de dotaciones o retiros, o sus aumentos, asignación o aumento de pensiones o recompensas pecuniarias, establecimiento o modificaciones de causales, cómputos o beneficios jubilatorios (art.86 in fine); la ley que determine exoneraciones tributarias o que fije salarios mínimos o precios de adquisición a los productos o bienes de la actividad pública o privada (art.133); y la ley del Presupuesto Nacional (art.214).

Es decir que –aunque no se haya advertido antes- desde 1989, el tema está laudado por la ley que interpretó la Constitución: las leyes que aprueban tratados no están exceptuadas de la impugnación del recurso de referéndum, por no estar incluidas de acuerdo a la interpretación de la ley, dentro de las leyes de iniciativa privativa del Poder Ejecutivo por razón de materia. Es claro que, existiendo una ley interpretativa de la Constitución de la República, no se puede recurrir a interpretaciones de la Constitución por fuera de lo que dispone esa ley interpretativa, porque con ella el Poder Legislativo hizo uso de su competencia constitucional de interpretar la Constitución.

En concreto, a una semana de la entrada en vigencia del acuerdo de intercambio de información tributaria con la República Argentina -precisamente cuando la situación de las finanzas y la economía uruguaya dan muestras de entrar en crisis- podemos afirmar que la ley que aprobó ese acuerdo es impugnable con el recurso de referéndum con efectos derogatorios.

Despejada la duda, los partidos políticos y los agentes económicos y sociales tienen la iniciativa y el soberano, “el cuerpo electoral”, tendrá la última palabra.

Dr. Renán Rodríguez (ex Vicepresidente de la Corte Electoral de Uruguay

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Acerca de Eugenio Gambetta Gabin

Agente de Bienes Raíces e Inversiones.
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